Es una noticia de Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWW/Adena

La suspensión cautelar de la obra de ampliación del puerto deportivo impuesta por la Consellería de Obras Públicas y Transporte de la Generalitat Valenciana debe seguir vigente para proteger la pradera submarina e impedir un mayor deterioro, aunque la única garantía de conservación es la retirada de la concesión administrativa por parte de la Generalitat Valenciana y la adscripción por parte del Ministerio de Medio Ambiente.

Con cinco meses de retraso y tras haber recurrido al Defensor del Pueblo y el Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana ha llegado a los grupos ecologistas la documentación sobre las actuaciones de las administraciones ante las denuncias presentadas en agosto de 2006 por los daños causados a las praderas de Posidonia oceanica tras el reinicio de las obras de ampliación del puerto deportivo Luis Campomanes de Altea.
Las reiteradas peticiones de información sobre los daños ocasionados han sido desatendidas de forma sistemática tanto por la Generalitat Valenciana como por el Ministerio de Medio Ambiente, ambas con competencias en el proyecto. Todavía queda por recibir la información solicitada a la Conselleria de Territorio y Vivienda, a pesar de que el Síndic le ha efectuado dos requerimientos.
Entre esa documentación es relevante un informe elaborado por los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente en el que se certifican los daños que las obras llevadas a cabo han causado a las praderas de Posidonia, una planta fanerógama protegida por la legislación autonómica, española y europea. El informe de Medio Ambiente reconoce que el vertido de grandes rocas sobre la pradera para la construcción de los nuevos diques del puerto, el aumento de la turbidez del agua y los impactos indirectos han destruido ya más de 10.000 m2 de praderas, dando así la razón a las denuncias y protestas ecologistas, que han protagonizado diversas movilizaciones que llegaron a detener por algunas horas las obras ilegales.
Hay que recordar que todavía no se han cumplido los condicionantes impuestos por la Declaración de Impacto Ambiental dictada por la Conselleria de Territorio y Vivienda, que obligaban a trasplantar las matas de esa planta marina con anterioridad al inicio de las obras. La Conselleria de Obras Públicas y Transporte decretó una suspensión cautelar de las obras interiores y exteriores del actual puerto deportivo el pasado 30 de octubre en cumplimiento de la Ley 2/1989 de Impacto Ambiental de la Comunidad Valenciana.
A la luz de esos informes resulta más incomprensible aún la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que recientemente ha denegado la solicitud hecha por los grupos ecologistas para decretar una suspensión cautelar de las obras de ampliación del puerto deportivo.
Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF/Adena consideran que es vital el mantenimiento de la suspensión cautelar de las obras acordada por la Conselleria de Obras Públicas hasta que no se demuestre que el trasplante de la pradera de Posidonia afectada sea viable y evitar, de esa forma, mayores destrucciones del hábitat protegido más valioso del Mediterráneo.
Aunque a la luz de la evaluación negativa de los primeros trasplantes experimentales, del imposible cumplimiento del condicionado de la Declaración de Impacto Ambiental y de los impactos críticos de esas obras de ampliación, la Generalitat debería retirar la concesión de esa ampliación a la empresa promotora Marina de Greenwich SA y el Ministerio de Medio Ambiente retomar todas sus competencias en la zona de dominio público marítimo-terrestre, retornando la adscripción hecha en su día a favor de la Generalitat Valenciana.