La posibilidad de que se produzca un grave accidente nuclear de consecuencias aún peores que el de Chernóbil de 1986, la mayor catástrofe nuclear hasta ahora conocida, se ha incrementado en los últimos años, debido a la confluencia de una serie de factores que afectan negativamente a la seguridad. Ésta es la conclusión del informe titulado “Los peligros de los reactores nucleares. Los riesgos continuos que entraña la tecnología nuclear en el siglo XXI”, realizado por expertos en seguridad nuclear por encargo de Greenpeace Internacional.

El incremento del riesgo de accidente nuclear se debe a la combinación de una serie de factores como el envejecimiento de los reactores, los fallos propios de una tecnología intrínsecamente peligrosa, la cada vez menor cultura de seguridad de los operadores como consecuencia de la falta de competitividad de la energía nuclear en un mercado eléctrico liberalizado, la amenaza creciente del terrorismo y la vulnerabilidad de las instalaciones nucleares ante los efectos del cambio climático.
“España no es una excepción en un panorama internacional de deterioro sin precedentes de la seguridad nuclear. Nuestra seguridad y nuestro bienestar están en riesgo por culpa de las centrales nucleares. Pedimos al Gobierno que ponga en marcha el prometido plan de abandono de la energía nuclear”, ha declarado Mario Rodríguez, director de Campañas de Greenpeace.
El informe analiza todos los tipos de reactores actualmente en funcionamiento, recordando que todos los diseños de reactores, independientemente de su origen, tienen serios fallos de seguridad inherentes, que no pueden eliminarse mediante programas de mejoras. Además, existen una serie de factores internos y externos que pueden reducir aún más los márgenes de seguridad:
Los problemas derivados del envejecimiento y el agotamiento de la vida útil de los reactores. La media de vida de los reactores en operación en el mundo es de unos 22 años, lo que significa que la mayoría están ya al final de su vida útil técnica (en torno a 25 años). Las consecuencias del envejecimiento de una central nuclear pueden describirse a grandes rasgos como dobles. En primer lugar, aumentará el número de incidentes y de sucesos reseñables -incremento del número y frecuencia de las paradas no programadas, fugas, grietas, cortacircuitos debidos a daños en los cables, etc.

Las centrales nucleares españolas han batido en lo que va de año el récord de fallos de seguridad, en una tendencia creciente en los últimos años. Desde el 1 de enero de 2007, se han producido al menos (el secretismo del Consejo de Seguridad Nuclear no permite conocer la cifra exacta), 47 sucesos significativos de seguridad en las centrales nucleares españolas, de los cuales, 10, como mínimo, han provocado la parada forzosa del reactor.
El proceso de envejecimiento está llevando a un debilitamiento gradual de los materiales que podría provocar fallos catastróficos de algunos componentes, causando un escape radiactivo de enorme gravedad. El más notorio de estos procesos es la fragilización de la vasija de presión del reactor, que aumenta el riesgo de que ésta se rompa, fracasando así en su función de aislar la radiactividad del exterior y llevando al reactor a una situación gravísima en cuanto a seguridad se refiere.
En España, la media de edad de todas las centrales es de casi 25 años y todas presentan, en mayor o menos medida problemas de envejecimiento. Garoña, la más antigua en funcionamiento, sufre graves problemas de corrosión y agrietamiento.
La desregulación (liberalización) de los mercados de electricidad ha empujado a las empresas con centrales nucleares a disminuir las inversiones en seguridad y a reducir plantilla. Como demostró el escándalo de Vandellós-2 en 2005, la disminución de costes lleva aparejada una reducción de los márgenes de seguridad.
La falta de independencia de los organismos reguladores en materia de seguridad nuclear (como el Consejo de Seguridad Nuclear español).
Los reactores nunca podrán estar suficientemente protegidos contra la amenaza terrorista. Existen diversos escenarios –además de la colisión de un avión comercial sobre el edificio del reactor- que podrían provocarun grave accidente.
Los impactos del cambio climático, tales como inundaciones, sequías extremas o el aumento del nivel del mar incrementan seriamente el riesgo nuclear. Por ejemplo, en agosto de 2006, la central nuclear de Santa María de Garoña tuvo que parar a causa de las elevadas temperaturas de las aguas del río Ebro del cual depende su refrigeración.
En cuanto a los futuros reactores, denominados de “cuarta generación”, aún en fase de diseño, el informe demuestra que, además de tener sus propios y específicos problemas de seguridad, requerirían enormes sumas de dinero para hacer posible su desarrollo, por lo que se duda de su viabilidad comercial.
El Ejecutivo tiene el compromiso electoral y de Gobierno de abandonar gradualmente la energía nuclear en España y sustituirla por “energías más limpias, más seguras y menos costosas[que la energía nuclear]”, tal y como recogía el propio programa electoral del PSOE.
“En 1989, con el accidente de Vandellós-1 nos libramos casi de milagro de una catástrofe nuclear. No podemos seguir corriendo el riesgo al que nos someten las centrales nucleares y sus irresponsables propietarios. Ayer mismo se ha producido una nueva parada en Ascó-2 tras detectarse un grave fallo de diseño”, ha declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña de nuclear.
Los costes humanos, de salud, medioambientales y económicos de un accidente nuclear, como nos viene demostrando la tragedia de Chernóbil, serían tremendamente altos. Por ello, ante el peligro que implica la utilización de la energía nuclear y, con más razón, ante el incremento del riesgo en la actualidad, el Gobierno debería imponer a las compañías propietarias de centrales nucleares un régimen de responsabilidad civil ilimitada por los daños causados por accidentes nucleares, tal y como el que ya se encuentra en vigor en Alemania y otros países.
Sin embargo, en el Anteproyecto de Ley sobre Responsabilidad Civil por Daños Nucleares elaborado por el Ministerio de Industria se reconoce que las compañías de seguros no quieren cubrir los riesgos de las empresas con centrales nucleares en caso de accidente nuclear (y ello, a pesar de que la responsabilidad queda limitada en dicho Anteproyecto a sólo 1.200 millones de euros). (Ver NOTAS). Ante la ausencia de interés del mercado de seguros en esta cuestión, el Gobierno pretende utilizar la tarifa eléctrica para subsidiar de forma encubierta al sector nuclear y cubrir su obligación legal de hacer frente a los daños nucleares. Así, el Ministerio de Industria incluye en su Anteproyecto el establecimiento de un mecanismo en la tarifa eléctrica para “ofrecer dicha garantía para los daños no asegurables por las entidades de seguros”.
Greenpeace exige al Gobierno que retire este Anteproyecto de Ley y establezca un régimen que imponga la responsabilidad civil ilimitada de los operadores de instalaciones nucleares.

NOTAS
(1) El citado Anteproyecto, en su Exposición de Motivos, dice literalmente: “Sin embargo, durante la tramitación de la presente Ley se ha constatado que el mercado de entidades de seguros que opera en el territorio nacional no dispone de capacidad suficiente para prestar la garantía requerida, ni tampoco puede ofrecer a los titulares, en el momento presente, aseguramiento para algunos de los daños contemplados dentro de la definición de daño nuclear, en particular de los medioambientales y de los personales que se reclamen después de transcurridos 10 años después de la fecha del accidente”.

Greenpeace