La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, señaló hoy en la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados que la Comisión Europea decidió el pasado 21 de marzo archivar la denuncia que en julio de 2004 presentó la Generalitat Valenciana contra el Real Decreto–Ley 2/2004 que modificaba el Plan Hidrológico Nacional y derogaba el trasvase del Ebro, alegando un posible incumplimiento del derecho comunitario.

El archivo de la denuncia hace patente que España no ha incumplido ninguna directiva comunitaria al derogar el trasvase, al no apreciar la Comisión Europea vulneración alguna de la normativa de la UE. En este sentido, la ministra destacó que la Comisión considera que la elaboración del Programa A.G.U.A. (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua) del Ministerio de Medio Ambiente se sometió a un proceso de evaluación medioambiental estratégica, cumpliendo las exigencias normativas en materia de evaluación ambiental y respetando el principio de participación pública.
Asimismo, la ministra de Medio Ambiente explicó que la Comisión Europea ha dictaminado que los proyectos de plantas desalinizadoras respetan la normativa medioambiental comunitaria, en concreto la directiva sobre Conservación de los Hábitat Naturales y de la Fauna y Flora Silvestre y en lo que respecta a posibles impactos sobre las praderas de posidonia oceánica.
Además, la Comisión constata que estas instalaciones respetan y se ajustan a la legislación que regula las obligaciones derivadas del Porotocolo de Kyoto y los derechos de emisiones de gases de efecto invernadero y recuerda que el Ministerio de Medio Ambiente ha puesto en marcha un plan de actuaciones del Programa A.G.U.A. en materia de energías renovables para la desalinización.

INFORME DE LA AEMA

Cristina Narbona hizo estas declaraciones coincidiendo con su comparecencia ante la Comisión de Medio Ambiente del Congreso de los Diputados, donde informó sobre la última evaluación del medio ambiente en España realizada por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA).
El informe sobre el Medio Ambiente Europeo , Estado y Perspectivas 2005, de la AEMA, tiene un enfoque europeo, ampliado a 31 países, y busca evaluar los cambios que han tenido lugar, de diferente manera, en cada uno de ellos; las variaciones existentes en las políticas ambientales y sus distintos resultados.
Entre las principales conclusiones generales, en una realidad tan compleja y variada como la europea, destacan la reducción de emisiones de sustancias que agotan la capa de ozono, la reducción de emisiones acidificantes, la mejora en la calidad de las aguas al disminuir los puntos de contaminación, la generalidad de la legislación ambiental y los planteamientos ambiciosos de la UE para la protección de la biodiversidad, con el objetivo de detener en 2010 la pérdida de biodiversidad.
El informe expone el carácter ya visible del cambio climático en Europa y los impactos que pueden tener el régimen de temperaturas y precipitaciones. En el conjunto de países analizados, no aprecia reducción de las presiones en campos como productos químicos y gestión de residuos. Expone también cómo la contaminación atmosférica en las áreas urbanas europeas sigue teniendo efectos perjudiciales sobre la salud de los ciudadanos. Señala que continúa la contaminación por nitratos de las aguas, la eutrofización de aguas continentales y marinas, y la pérdida de biodiversidad, que en Europa en los años 90 se ha producido sobre todo en brezales, matorrales, tundras y humedales, aunque el 18% del territorio de la Unión Europea está ya constituido por zonas naturales protegidas.
En el caso de España, el documento apunta que el rápido desarrollo económico ha venido acompañado de un incremento de la urbanización y de un uso intensivo de los recursos. Al mismo tiempo, reconoce un fortalecimiento de la gestión ambiental para mejorar la protección de los espacios naturales, el tratamiento de las aguas, la utilización de energías renovables y la gestión de los residuos, y destaca que España afronta problemas concretos relacionados con sus características climáticas y geográficas, como son los incendios forestales, sequías, erosión e inundaciones.
El informe relata que España presenta aspectos favorables en lo que se refiere a la evolución del transporte de mercancías, destacando las inversiones públicas para modernizar el parque de vehículos y subraya que el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte 2005-2020 potencia el transporte público y fomenta la intermodalidad.
También subraya que el consumo de energía per cápita en España es similar al de otros países europeos meridionales, aunque cita que el consumo de energía final aumentó el 60 por ciento desde 1990.
En relación con las emisiones de gases de efecto invernadero, recoge el importante aumento registrado en 15 años, aunque reconoce que las emisiones son similares a las de otros países europeos.
El informe considera que hay que hacer esfuerzos también en lo que se refiere a emisiones de precursores del ozono y de sustancias acidificantes y gestión de residuos.