Ante el enorme riesgo que el uso masivo de este tipo de productos tiene tanto para el medio ambiente cómo para la salud pública y ante las noticias aparecidas en los medios de comunicación de la distribución, por parte de algunas organizaciones agrarias, de distintos tipos de rodenticidas, las organizaciones ecologistas WWF/Adena, Seo/BirdLife, Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica, Fundación Global Nature, Ecologistas en Acción y Ascel han solicitado al SEPRONA (Servicios de Protección de la Naturaleza) que investigue y garantice la legalidad de estas actuaciones.

Las asociaciones ecologistas también han solicitado al SEPRONA de la Guardia Civil que recoja muestras de todas aquellas especies silvestres susceptibles de haber sido envenenadas, así como la comprobación de que las personas que están colocando veneno están debidamente autorizadas, que respetan las condiciones de seguridad y que están utilizando el producto establecido. En este sentido, hay que resaltar la aparición de reiteradas noticias en medios de comunicación según las cuales, representantes de distintas organizaciones agrarias, afirman haber repartido por su propia iniciativa, importantes cantidades de distintos venenos.
Tal y como han defendido en reiteradas ocasiones las asociaciones conservacionistas, el uso masivo de veneno es una actividad ilegal, puesto que se trata de un método no selectivo que tiene un enorme impacto sobre el medio ambiente, además de un riesgo evidente para la salud humana. Este impacto ya se demostró en el anterior tratamiento con grano envenenado con clorofacinona en el mes de marzo y que afectó a 23 municipios. Se trataba de cebada impregnada de la misma sustancia que se está empleando en la actualidad y que causó la muerte de miles de ejemplares de fauna silvestre, entre liebres, palomas bravías, ánades reales, gaviotas, calandrias y un largo etcétera.
Pese a ser numerosos los animales recogidos en aquellas fechas, en buena medida gracias al trabajo de recogida de muestras realizado por el SEPRONA, sólo representaban una muy pequeña muestra de la mortalidad realmente ocasionada. No obstante, resultaron de gran utilidad como elemento probatorio de la grave incidencia de esta actuación sobre la fauna y del riesgo producido para la salud, al intoxicarse especies de consumo humano (como las palomas bravías de los palomares domésticos). Según confirmaron los análisis realizados por laboratorios oficiales.
No en vano la Comisión Europea, retiró en Junio de 2007 la autorización para cualquier producto que contenga clorofacinona- ajustándose al dictamen del Comité permanente de la cadena alimentaria y de sanidad animal- siendo la fecha límite de aplicación el 22 de Diciembre de 2007. En España se podrá utilizar excepcionalmente hasta 2010 con fuertes restricciones y siempre que se cumplan una serie de condiciones como, “que se garantice que no tiene efectos para la salud humana o animal y que no tiene repercusiones inaceptables sobre el medio ambiente”.
Para los responsables de los grupos conservacionistas “Es totalmente inadmisible que distintos productos altamente tóxicos estén siendo distribuidos masivamente por el campo en más de 600 municipios de Castilla y León, sin el debido control ni la más mínima precaución. Se está produciendo un impacto masivo en el medio ambiente, además de numerosas actuaciones ilegales y esperamos que el SEPRONA investigue y denuncie cualquier irregularidad e incumplimiento de la ley”.

Artículo de Luis Suárez