La Junta de Andalucía y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) deben explicar qué medidas urgentes van a adoptar para evitar que continúen los vertidos de cesio-137 radiactivo al río Tinto en las Marismas de Huelva. El cesio-137 es un elemento radiactivo altamente peligroso, incluso en cantidades muy pequeñas, cuyos perniciosos efectos para la salud son bien conocidos.

El pasado jueves 18 de octubre, un equipo de expertos internacionales de Greenpeace hizo público la existencia de estos vertidos radiactivos al río Tinto (ver noticia del día 18 octubre), procedentes de las más de 7.000 toneladas de material contaminado radiactivamente por el accidente de Acerinox en 1998 y que se enterraron de forma incontrolada en el Centro de Recuperación de Inertes (CRI) nº9, ubicado en las Marismas de Mendaña, dentro de las marismas de los ríos Tinto y Odiel, en Huelva.
Como Greenpeace ha denunciado, por razones completamente ajenas a los criterios de seguridad y protección radiológica, el CSN, ENRESA y la Junta de Andalucía, acordaron no considerar estos materiales como residuos radiactivos y por lo tanto no confinarlos en el cementerio nuclear de El Cabril. En su lugar se decidió verterlos en el CRI-9 (probablemente tratando de camuflarlos entre la radiactividad de los fosfoyesos vertidos por Fertiberia en las marismas) y recubrirlos de una capa de arcilla, lo cual era, para el CSN, la “actuación más adecuada”.
Finalmente recayó en EGMASA, empresa pública dependiente de la Junta de Andalucía, con la supervisión del CSN, la responsabilidad de poner en marcha un Plan de Vigilancia para controlar durante al menos 30 años la evolución de este depósito incontrolado de materiales contaminados por cesio-137 y evitar la intrusión de este elemento radiactivo en el medio ambiente. Este Plan de Vigilancia se puso en marcha, oficialmente, a finales de 2001.
“Este tipo de chapuzas temerarias pueden tener un alto coste para la salud y el medio ambiente: enterrar esos residuos radiactivos fue una decisión lamentable y esto, a la luz de los hechos, ha quedado demostrado. Además es evidente que el supuesto Plan de Vigilancia ha fracasado por completo”, ha declarado Carlos Bravo, responsable de la campaña de energía nuclear de Greenpeace.
Para conocer la realidad de ese Plan de Vigilancia y de los análisis efectuados en esa zona desde su puesta en marcha, Greenpeace ha solicitado al CSN y a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía (a la cual pertenece EGMASA), acogiéndose a la Ley 27/2006 de libre acceso a la información ambiental, copia del citado Plan de Vigilancia, de todos los informes realizados en el desarrollo de dicho Plan tanto por EGMASA como por el CSN.
Asimismo Greenpeace ha solicitado a estos organismos un mapa detallado con la localización georeferenciada de depósito incontrolado en el CRI-9 de los materiales contaminados procedentes del accidente de Acerinox.
Debido a los altos niveles de radiactividad en las balsas de fosfoyesos, y en particular en el llamado CRI-9, Greenpeace ha solicitado al Gobierno que declare de forma urgente estas acumulaciones de residuos como instalación radiactiva.
En este sentido, Greenpeace elevó además el pasado mes de junio al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo una denuncia para que éste revise la vulneración de las Directivas sobre radiaciones ionizantes, gestión de residuos tóxicos y peligrosos y protección de las aguas que se está dando en las marismas de Huelva.