Cristina Narbona y José María Barreda firman un Protocolo de colaboración para el desarrollo sostenible del Alto Guadiana





El acuerdo pertenece al programa A.G.U.A.

El acuerdo facilitará la ejecución de las medidas del Plan Especial del Alto Guadiana en el que el Ministerio de Medio Ambiente invertirá más de contemplará una inversión de 3.000 millones de euros durante los próximos 20 años.
Se creará un Consorcio para la gestión del Plan donde habrá un órgano asesor en el que podrá incorporarse una representación de usuarios, de entidades locales, de las asociaciones y organizaciones con finalidad de protección ambiental, de la Universidad de Castilla-La Mancha y de otras organizaciones y entidades semejantes.
El Ministerio de Medio Ambiente está ya adquiriendo fincas y derechos de agua, por valor de más 60 millones de euros, para reducir la sobreexplotación de los acuíferos.

La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, y el presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, José María Barreda, han firmado hoy en Ciudad Real un Protocolo de colaboración entre ambas Administraciones para conseguir el desarrollo sostenible en el territorio del Alto Guadiana.
El Protocolo facilitará la ejecución de las actuaciones que recogerá el Plan Especial del Alto Guadiana y la coordinación para incrementar la eficacia de las medidas que se pondrán en marcha.

En este sentido, se constituirá el Consorcio para la gestión del Plan Especial del Alto Guadiana, un órgano paritario entre la Administración General del Estado y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que se encargará del impulso, coordinación y seguimiento de la ejecución de las medidas contenidas en el Plan. Dentro del Consorcio se creará un órgano asesor en el que podrá incorporarse una representación de usuarios, de entidades locales, de las asociaciones y organizaciones con finalidad de protección ambiental, de la Universidad de
Castilla-La Mancha y otras organizaciones y entidades semejantes.
Por otro lado, el Protocolo establece que el Plan Especial del Alto Guadiana incluirá la previsión de adquisición de derechos que se llevará a cabo por el Centro de Intercambio de Derechos de Uso de Agua creado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana, así como la compra de terrenos para reducir las correspondientes extracciones de agua. Las políticas de adquisición, la cesión de derechos y de compras de terrenos, así como su utilización con fines ambientales, deberán acordarse por el Consorcio, todo ello sin perjuicio de las competencias que corresponden a la Confederación Hidrográfica del Guadiana.
La vigencia del Protocolo se extenderá, hasta el año 2027, es decir, a todo el periodo de ejecución del Plan Especial del Alto Guadiana, cuyo objetivo es conseguir un buen estado, cuantitativo y cualitativo, de las masas de aguas subterráneas y de las aguas superficiales asociadas, para propiciar la mejora de los principales ecosistemas de la región. Asimismo, pretende corregir el déficit hídrico estructural existente garantizando la adecuada gestión y conservación de los recursos naturales y el desarrollo socioeconómico de la comarca. La inversión del Plan ascenderá a más 3.000 millones de euros.
Aparte de las medidas generales centradas en acciones legales y de gestión de los recursos hídricos, considera otras de índole hídrica, ambiental, agrícola y de reconversión socioeconómica, de forma que sirvan de apoyo a las medidas generales, garantizando su viabilidad, aplicación y efectividad de las mismas, que resten presión sobre el agua y permitan un desarrollo sostenible.
Con anterioridad a la firma de este convenio, el Ministerio de Medio Ambiente ha emprendido actuaciones de compra de fincas –más de 900 ha- y de adquisición de derechos de agua, por un importe de más de 60 millones de euros, que permitirán reducir sobreexplotación de los acuíferos.
Esta serie de medidas responde a los principios del Programa A.G.U.A. del Ministerio de Medio Ambiente (Actuaciones para la Gestión y Utilización del Agua), que incluye proyectos de mejora de gestión y del suministro de agua acordes con las necesidades existentes y futuras ligadas al desarrollo de los territorios de forma sostenible en términos económicos, sociales y ambientales, incluso en situación de sequía.

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