Crear una cultura del cumplimiento de las normas en toda la cadena de las actividades pesqueras desde el pescador al consumidor es la forma más segura de conseguir una pesca sostenible y equitativa en Europa. Éste es el mensaje que Joe Borg, Comisario Europeo de Pesca y Asuntos Marítimos, ha llevado hoy al Consejo informal sobre control de las actividades pesqueras, organizado por la Presidencia eslovena de la Unión Europea. En la reunión, el Comisario Borg presentó su análisis de las graves deficiencias del actual sistema, que también han sido señaladas en un informe reciente del Tribunal de Cuentas Europeo. Asimismo, describió su visión de una reforma a fondo que aliente a los que cumplen las normas a respetar las medidas acordadas y disuada eficazmente a los posibles infractores gracias a una mejor detección de las infracciones y unas sanciones más rigurosas. La discusión de hoy constituirá una aportación a la propuesta de reforma que hará la Comisión. De acuerdo con la Política Pesquera Común (PPC), el control de las normas acordadas compete a los Estados miembros, que deben encargarse de asegurar su cumplimiento.

El Comisario Borg informó a los Ministros de que, a pesar de gastar 400 millones de euros al año en control, de los cuales 200 se dedican a los controles en el mar, el registro de capturas seguía siendo poco fiable, se hacían muy pocas comprobaciones o cruces de datos y se presentaban a la Comisión declaraciones de capturas falsas.
Según manifestó el Comisario, «Las deficiencias de los controles de la pesca en la UE están poniendo en cuestión toda la Política Pesquera Común. El actual sistema de control es tan ineficiente que pone en peligro nuestro esfuerzo por conseguir una explotación y una gestión a largo plazo sostenibles de las poblaciones. Las deficiencias son manifiestas e incluyen, entre otras cosas, la mala calidad de los datos sobre capturas presentados por los Estados miembros, las lagunas observadas en los sistemas de control de buques y el nivel medio de las sanciones, que es demasiado bajo para disuadir a los posibles infractores. El informe del Tribunal de Cuentas de noviembre del año pasado confirma el análisis de la Comisión. Cualquier política de control se desmorona como un castillo de naipes si no se ejecuta correctamente y si no se persiguen las infracciones.
No hay que ser clarividente para imaginar qué pasará si no actuamos ahora. Cuando se aportan declaraciones de capturas falsas a las evaluaciones científicas del estado de las poblaciones pesqueras, el resultado es un asesoramiento científico deficiente, creando así un círculo vicioso ya que el asesoramiento científico es la base en la que se sustentan nuestras decisiones sobre la gestión de la pesca. Si el asesoramiento es defectuoso, el respeto de las normas se degrada todavía más, lo cual lleva a una creciente presión sobre las poblaciones y a la comunicación de datos sobre capturas inferiores a los reales. En pocas palabras, si no se hacen cumplir las normas acordadas, todo nuestro trabajo para que la pesca vuelva a niveles sostenibles quedará gravemente dañado.
Aplicar controles eficientes también quiere decir crear condiciones de igualdad para los pescadores respetuosos de las normas. Hoy en día, los que cumplen las normas en este sector ven a menudo que los infractores se libran de las sanciones y, encima, gracias a eso, obtienen altos beneficios. Eso es insostenible en cualquier contexto y, sobre todo, en la actual situación, cuando los recursos pesqueros son cada vez más escasos.
Por ello, la Comisión tiene intención de proponer a principios de 2008 un nuevo marco político que aplique un planteamiento integrado y global del control, desde el pescador al consumidor. Este enfoque se centrará no sólo en las capturas y los desembarques, sino que, además, tendrá en cuenta las subastas, los mercados y las importaciones. El sistema será más simple que el actual, basándose en la armonización y en un coste económico. Es esencial que aprovechemos esta oportunidad y construyamos una cultura del cumplimiento de las normas que asegure el control y la trazabilidad.»
Entre los objetivos de la Comisión figura la ampliación del mandato de la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca de manera que pueda tener un papel destacado en el futuro ámbito de cooperación entre los Estados miembros y con la Comisión.