Tres cuartas partes de los caladeros de todo el mundo son explotados, o sobre-explotados, de forma legal. Sin embargo, la pesca ilegal, que llega a mover en torno a 10.000 millones de euros anuales, representa una seria amenaza tanto para los ecosistemas marinos más vulnerables como para la industria pesquera en general. Esta noche, el Parlamento Europeo debate en Pleno un informe sobre la materia; puede seguirlo en directo a través de esta web.

“La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada constituye un problema grave y cada vez mayor en todo el mundo”. Así de contundente es el informe redactado por la europarlamentaria francesa de Los Verdes Marie-Hélène Aubert, en el que se examina una propuesta de reglamento del Consejo por el que se establece un sistema comunitario para prevenir, desalentar y eliminar estas prácticas.
Para la ponente, “como una de las principales potencias pesqueras mundiales, la Unión Europea tiene una clara responsabilidad de mantenerse en primera línea” de la lucha contra las prácticas ilegales en este campo.

Segunda potencia mundial
La Unión Europea es, tras China, la segunda potencia pesquera mundial. El viejo continente no es ajeno, no obstante, a los problemas derivados de la pesca ilegal, que van mucho más allá de los meramente económicos, sino que también amenazan los ecosistemas marinos y la biodiversidad y sostenibilidad de los recursos pesqueros. Además, la globalización se erige en apoyo involuntario de estas prácticas, ya que el creciente número de operaciones comerciales dificulta establecer la legalidad de algunos productos. Y, frente a ello, el riesgo que asumen los pescadores ilegales es mínimo: el negocio es altamente rentable y la probabilidad de que sean sancionados es mínima. En todo caso, se les aplicaría una baja sanción económica.

Propuestas
El informe parlamentario propone, entre otras medidas, crear un registro comunitario de buques dedicados a la pesca ilegal; que sea preceptivo establecer que el origen legal del pescado sea probado antes de permitir que se desembarque en los puertos comunitarios, o de que se importe la mercancía a la Unión Europea; o desarrollo de un sistema comunitario de alerta para publicar notificaciones de alerta cuando se sospeche de la existencia de actividades de pesca irregular.
Para Aubert, esta propuesta “situaría a Europa en la vanguardia de los esfuerzos internacionales para eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, y en disposición de presionar a los Estados que continúan permitiéndola”.