El encuentro, en el que se ha estudiado un borrador de documento para plantear a la CE, han participado los Directores Generales de Pesca de España, Francia, Italia y Portugal, continuará en París el próximo miércoles.
El objetivo de esta iniciativa común se centra en la necesidad de garantizar la sostenibilidad económica de la pesca, mantener el empleo, el suministro de pescado y las actividades dependientes de la pesca en las zonas costeras.

Los Directores Generales de Pesca de España, Francia, Italia y Portugal se han reunido hoy, en la Secretaría General del Mar en Madrid, para analizar la situación actual a la que se enfrenta el sector pesquero comunitario y estudiar un borrador de documento que será planteado a la Comisión Europea y al Consejo de Ministros de Pesca de la UE.
El objetivo de este primer borrador, cuyo estudio continuará en París el próximo miércoles, se centra en la necesidad de garantizar la sostenibilidad económica de la flota, mantener el empleo, el suministro de pescado y las actividades dependientes de la pesca en las zonas
costeras.
El sector pesquero español y comunitario se enfrenta a una subida del precio del petróleo que incide en el precio del gasoil utilizado en los barcos y que ha sido continuada desde el mes de abril de 2007, agravándose en los primeros meses de 2008.
El sector extractivo afronta, pues, una situación de aumento de costes de producción mientras que sus ingresos, como consecuencia de la venta de productos pesqueros, no se incrementan en la misma medida, lo que agrava el problema. En estas condiciones, el empleo en el sector y el mantenimiento de las actividades derivadas del mismo pueden resultar
gravemente afectados.
Al tratarse de unas circunstancias económicas que afectan a toda la flota comunitaria, del análisis realizado en esta primera reunión en Madrid por parte de España, Francia, Italia y Portugal se desprende que las principales medidas para hacer frente a esta situación deben enmarcase en el ámbito de la Unión Europea.
En este sentido, se propondrá que las posibles medidas de urgencia a adoptar por los Estados Miembros de la UE sean autorizadas por la Comisión Europea. Se trata de garantizar un marco común de acciones con posibilidad de aplicación por parte de los Estados Miembros en función de las especificidades de sus respectivas flotas.